Hay situaciones que una sociedad no debería llegar a considerar normales. Que una mujer de 87 años tenga que abandonar la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas es una de ellas. El caso de Maricarmen Abascal ha conmocionado a muchas personas en España. Tras ser desalojada el 23 de septiembre de su domicilio en el distrito madrileño de Retiro, fue hospitalizada y falleció el 7 de octubre. Según la información publicada sobre su caso, el desalojo agravó su delicado estado de salud. No corresponde afirmar, sin pruebas médicas, que aquella decisión causara directamente su muerte. Pero sí resulta legítimo preguntarse qué clase de protección ofrece una sociedad a una persona mayor cuando pierde el hogar que ha sido el centro de toda su vida.
La historia de Maricarmen no es únicamente un conflicto entre una inquilina y una empresa propietaria. Se ha convertido en un símbolo de una preocupación mucho más amplia: la dificultad creciente de acceder a una vivienda asequible y conservarla. Su caso despertó una movilización ciudadana que puso de manifiesto hasta qué punto la vivienda ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un problema de interés colectivo. Y no es difícil comprender por qué.
Una generación que trabaja, pero no consigue independizarse
Para miles de jóvenes, tener un empleo ya no significa poder construir una vida independiente. El alquiler absorbe una parte desproporcionada de sus ingresos, obliga a compartir piso durante años y retrasa decisiones personales y familiares que antes se consideraban etapas naturales de la vida adulta.
Los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, publicados en mayo de 2026 y correspondientes al cierre de 2025, dibujan una realidad preocupante. La tasa de emancipación juvenil se situó en el 14,5 %, su nivel más bajo desde que existen registros comparables. La edad estimada para poder independizarse alcanzó los 30,2 años.
El mismo informe calculó que el alquiler medio ascendía a 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7 % del salario medio de una persona joven. Además, entre los jóvenes trabajadores que viven de alquiler, el riesgo de pobreza aumenta del 25,9 % antes de pagar la vivienda al 43 % después de hacerlo.
No estamos hablando de una simple dificultad para encontrar piso. Estamos ante una situación en la que trabajar puede no ser suficiente para acceder a una vivienda digna y mantener unas condiciones de vida económicamente sostenibles.
La crisis tampoco afecta exclusivamente a los jóvenes. Familias con hijos, trabajadores con ingresos modestos, personas separadas, pensionistas y hogares monoparentales pueden encontrarse expuestos a la misma presión. La vivienda se ha convertido en un factor que condiciona las oportunidades, la estabilidad y, en demasiados casos, la posibilidad de permanecer en el propio barrio.
Un derecho reconocido, pero difícil de garantizar
El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, con el propósito de impedir la especulación.
Ese mandato constitucional plantea una pregunta inevitable: ¿qué distancia existe hoy entre el derecho reconocido y la realidad que viven quienes no pueden acceder a una vivienda asequible?
Una parte importante de la respuesta se encuentra en la insuficiencia del parque de vivienda social. El Boletín Especial de Vivienda Social 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana situó el alquiler social en España en torno al 3,3 % de las viviendas principales, frente a una media europea cercana al 8 %. La cifra depende de la definición y del método estadístico empleados, pero la diferencia permite identificar una debilidad estructural.
España necesita ampliar de manera sostenida la oferta de vivienda pública y asequible. No basta con anunciar nuevas promociones o presentar planes a largo plazo. Es necesario que las viviendas se construyan, se incorporen al parque público y permanezcan destinadas a alquiler asequible durante periodos suficientemente amplios.
La falta de oferta, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con fuerte presión turística y laboral, contribuye a intensificar la competencia por los inmuebles disponibles. A ello se suman las dificultades para obtener suelo, los procedimientos administrativos prolongados y los costes de construcción. Ignorar estos factores tampoco ayudaría a resolver el problema.
Regular, construir y proteger: una responsabilidad pública
El debate sobre la vivienda suele quedar atrapado entre dos posiciones enfrentadas. Por un lado, quienes consideran que el mercado debe tener libertad suficiente para responder a la demanda. Por otro, quienes reclaman una intervención pública más intensa para contener los precios y proteger a los inquilinos.
La realidad exige una respuesta más completa que la simple elección entre mercado y regulación.
No se trata de convertir a los propietarios en adversarios ni de negar el derecho a la propiedad privada. Se trata de reconocer que la vivienda cumple una función social que no puede quedar subordinada exclusivamente a su valor como inversión. También corresponde al Estado garantizar un marco jurídico estable, proteger a los inquilinos frente a abusos y crear condiciones que favorezcan una oferta residencial suficiente.
Las medidas de contención de alquileres en zonas tensionadas, la protección de los hogares vulnerables, el aumento del parque público y la movilización de viviendas vacías cuando resulte jurídicamente viable forman parte de un debate que debe apoyarse en evaluaciones rigurosas. También es necesario facilitar la construcción de vivienda nueva, rehabilitar inmuebles y mejorar la coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El Real Decreto-ley 26/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre, vuelve a situar la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible en el centro de la acción normativa. Su eficacia deberá medirse por sus resultados concretos, no únicamente por sus objetivos declarados.
Regular sin aumentar la oferta puede dejar intactas muchas dificultades de acceso. Construir sin garantizar asequibilidad tampoco resolverá el problema de quienes tienen menos recursos. La política de vivienda necesita combinar ambas dimensiones.
El 29 de noviembre: la vivienda también debe estar en el debate electoral
España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre. La vivienda debería ocupar un lugar central en el debate público y en las propuestas de todas las formaciones políticas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué compromisos concretos plantea cada candidatura: cuántas viviendas asequibles pretende promover, en qué plazos, con qué financiación y bajo qué mecanismos de control. También debe poder exigir explicaciones sobre el cumplimiento de las medidas ya aprobadas y sobre la coordinación entre las distintas administraciones responsables.
No bastan los anuncios, las declaraciones de campaña ni las promesas sin calendario. La política de vivienda necesita objetivos verificables, transparencia presupuestaria y continuidad institucional. El acceso a un hogar no puede depender de que cada nuevo Gobierno decida comenzar de nuevo.
Una cuestión de dignidad
Una vivienda es mucho más que cuatro paredes. Es el espacio donde una familia construye sus recuerdos, donde los niños crecen, donde una persona mayor conserva sus vínculos y donde cualquiera de nosotros espera poder vivir con seguridad y tranquilidad.
Cuando el coste de ese espacio absorbe casi todos los ingresos de una persona joven, cuando una familia debe abandonar el barrio en el que ha vivido durante generaciones o cuando una persona mayor se enfrenta a la pérdida de su hogar, el problema deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una cuestión de cohesión social, igualdad de oportunidades y dignidad humana. La vivienda no puede garantizarse únicamente mediante declaraciones constitucionales, ni resolverse exclusivamente mediante las fuerzas del mercado. Requiere instituciones responsables, políticas sostenidas y una sociedad dispuesta a reconocer que el acceso a un hogar estable es una condición esencial para una vida digna.
El caso de Maricarmen Abascal debería servir para recordar que detrás de cada expediente de desahucio hay una persona, una historia y unas circunstancias que merecen ser examinadas con humanidad y con respeto a la ley.España no necesita convertir la vivienda en una batalla entre propietarios e inquilinos. Necesita impedir que el acceso a un hogar se convierta en un privilegio reservado a quienes pueden asumir precios cada vez más difíciles de soportar.
Porque una sociedad no se mide únicamente por el valor de sus edificios ni por el rendimiento de su mercado inmobiliario. También se mide por la seguridad que ofrece a quienes la habitan.
La crisis de la vivienda en España exige algo más que medidas coyunturales: necesita una estrategia nacional de largo alcance que combine vivienda pública, oferta privada suficiente, alquiler asequible, seguridad jurídica y protección de los hogares vulnerables. El 29 de noviembre, la ciudadanía podrá exigir compromisos concretos y mecanismos de rendición de cuentas. El verdadero indicador de éxito no será el número de promesas formuladas, sino cuántas personas consiguen acceder a una vivienda digna y permanecer en ella sin comprometer su subsistencia.
