España ha hecho de la hospitalidad una parte esencial de su identidad. La terraza llena, el bar de barrio, la plaza ocupada hasta la noche y esa facilidad casi instintiva para conversar con el visitante forman parte de una cultura que durante décadas ha sabido convertir la acogida en una de sus grandes fortalezas. El turismo, además, no es un elemento marginal de la economía española: en 2025 España recibió 96,8 millones de turistas internacionales, un máximo histórico, y el gasto realizado por esos visitantes alcanzó los 134.712 millones de euros, un 6,8% más que en 2024.
Por eso conviene empezar por una realidad que a veces se pierde en el debate: España necesita al turismo y millones de españoles viven directa o indirectamente de él. Restaurantes, hoteles, comercios, transporte, cultura, ocio y una larga cadena de pequeñas empresas dependen de que millones de personas sigan escogiendo España como destino. En Cataluña, por ejemplo, los turistas internacionales generaron en 2025 24.807 millones de euros de gasto, el 18,4% del total nacional, mientras que Baleares registró otros 21.058 millones.
Pero una economía turística puede alcanzar un punto en el que el éxito comienza a producir sus propias tensiones.
Barcelona ofrece quizá uno de los ejemplos más claros. Según el Ayuntamiento, alrededor de 16 millones de turistas visitaron la ciudad en 2025, incluyendo tanto quienes utilizaron alojamientos regulados como quienes se hospedaron con familiares o amigos. El impacto económico estimado alcanzó los 10.400 millones de euros, un 23% más que en 2019. La ciudad registró además unos 160.000 pernoctantes turísticos diarios.
Es difícil observar esas cifras y sostener que el turismo sea un fenómeno secundario. Pero también sería un error convertirlas automáticamente en una prueba de que todos los problemas urbanos proceden de los visitantes.
La cuestión es más compleja.
Cuando millones de personas llegan a una ciudad diseñada originalmente para una población mucho menor, la presión se distribuye por distintos mercados: vivienda, transporte, espacio público, restauración, limpieza, seguridad, agua, energía y servicios municipales. El visitante puede gastar dinero en un restaurante y generar empleo, pero también puede competir indirectamente por recursos urbanos que necesitan quienes viven allí todo el año.
La vivienda es quizá el punto donde esta tensión se vuelve más sensible. En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda en España aumentaba un 12,2% interanual, según el INE. En Cataluña, el incremento fue del 10,9% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en Baleares alcanzó el 13,4%.
Eso no significa que el turismo sea responsable por sí solo del encarecimiento de la vivienda. Sería una simplificación. La escasez de construcción, los tipos de interés, la demanda interna, la inversión, la evolución demográfica y otros factores intervienen simultáneamente. Pero allí donde una parte del parque residencial puede orientarse hacia usos turísticos, la presión sobre la vivienda permanente se convierte inevitablemente en parte de la conversación.
Cataluña ilustra la dimensión del fenómeno. En 2025 disponía de aproximadamente 580.073 plazas en viviendas de uso turístico, frente a 331.853 plazas hoteleras, según Idescat. En Barcelona, la cifra registrada de establecimientos y capacidad turística también muestra hasta qué punto el alojamiento destinado al visitante forma parte del tejido urbano.
Y aquí aparece una diferencia fundamental: no es lo mismo recibir turistas que convertir una ciudad en un mercado predominantemente orientado al turista.
Una ciudad turística puede seguir siendo una ciudad. El problema comienza cuando el residente permanente deja de ser el centro de gravedad de la vida urbana.
Cuando una tienda de alimentación desaparece y es sustituida por un comercio pensado exclusivamente para visitantes; cuando un piso que durante años estuvo destinado a una familia pasa a funcionar como alojamiento turístico; cuando los precios de determinados servicios se adaptan más al poder adquisitivo del visitante que al salario de quien trabaja en el barrio; cuando el ruido nocturno se convierte en una característica permanente de determinadas zonas, la percepción de pertenencia comienza a cambiar.
El residente deja de sentirse anfitrión y empieza a sentirse huésped de su propia ciudad.
Esa transformación no ocurre necesariamente de golpe. Es acumulativa. Una franquicia sustituye a una tienda. Un edificio cambia de uso. Un bar modifica su oferta. Un alquiler aumenta. Un vecino se marcha. Otro llega. Una calle se llena de maletas. Después aparece otra. Y, poco a poco, el paisaje social cambia.
La paradoja es que aquello que hace atractiva a España para millones de visitantes puede ser precisamente aquello que el exceso de presión turística termina debilitando.
Barcelona no atrae únicamente por sus monumentos. Granada no vive solamente de la Alhambra. Palma no es únicamente sol y playa. Málaga no es únicamente una puerta de entrada turística. Son ciudades con historia, vecinos, comercios, escuelas, mercados, asociaciones, plazas y formas de vida que preceden al turismo masivo.
El visitante busca precisamente esa autenticidad.
Y esa es la ironía: si una ciudad expulsa progresivamente a la población que produce su vida cotidiana, corre el riesgo de destruir parte del producto que vende.
España ya ha aprendido que el crecimiento turístico no puede medirse únicamente contando llegadas. En 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros alcanzaron 146,3 millones, otro máximo histórico, un 3% más que el año anterior. Los apartamentos turísticos concentraron el 52,1% de esas pernoctaciones y crecieron un 5,9%.
Son cifras que muestran la extraordinaria dimensión de la industria, pero también obligan a formular una pregunta incómoda:
¿cuánto turismo puede absorber una ciudad antes de que los costes sociales comiencen a crecer más rápidamente que los beneficios?
No existe una cifra nacional mágica. La capacidad de carga es diferente en Barcelona, Málaga, Palma, Granada, Sevilla, Canarias o una pequeña localidad costera. Lo que funciona en un municipio puede resultar completamente inadecuado en otro.
Por eso el debate necesita abandonar dos caricaturas igualmente fáciles.
La primera sostiene que todo turista es una bendición económica y que cualquier crítica al modelo turístico equivale a rechazo del visitante. La segunda presenta al turismo como una especie de ocupación económica responsable de todos los problemas de las ciudades. Ninguna de las dos describe adecuadamente la realidad.
La mayoría de los visitantes no vienen a perjudicar a nadie. Vienen a conocer un país, descansar, comer, disfrutar de su cultura y gastar su dinero. Muchos regresan porque encuentran precisamente esa combinación de seguridad, sociabilidad, gastronomía, patrimonio y calidad de vida que España ha construido durante décadas.
El problema no es el turista individual.
El problema es el modelo cuando el volumen, la concentración espacial y la presión sobre determinados recursos superan la capacidad de la ciudad para mantener una vida normal.
Eso exige políticas más sofisticadas que simplemente decir "más turismo" o "menos turismo".
Hace falta vivienda asequible para residentes. Hace falta una regulación eficaz del alojamiento turístico. Hace falta perseguir la oferta ilegal sin criminalizar automáticamente la actividad legal. Hace falta transporte público capaz de absorber grandes volúmenes de visitantes. Hace falta que los municipios reciban recursos proporcionales a la presión turística que soportan. Hace falta distribuir mejor los flujos hacia zonas menos saturadas y promover temporadas menos concentradas. Y hace falta medir no solo cuánto dinero dejan los visitantes, sino también cuánto cuesta gestionar la presión adicional que generan.
También sería razonable preguntarse quién recibe realmente los beneficios.
Si una ciudad soporta millones de visitantes, pero sus trabajadores no pueden permitirse vivir cerca de sus empleos, existe un problema económico aunque las estadísticas turísticas sean excelentes. Si un camarero que atiende a los visitantes no puede pagar el alquiler del barrio en el que trabaja, el éxito del turismo tiene una dimensión que el PIB no refleja completamente.
La discusión, por tanto, no debería plantearse como una guerra entre residentes y visitantes.
España no necesita escoger entre ser hospitalaria y proteger a sus ciudadanos.
Necesita aprender a hacer ambas cosas al mismo tiempo.
La famosa sonrisa española no debería convertirse en una obligación laboral permanente. Un país puede abrir sus puertas sin dejar abiertas todas las puertas de sus viviendas. Puede recibir millones de visitantes sin convertir cada barrio en un parque temático. Puede beneficiarse económicamente del turismo sin permitir que el residente sea quien pague silenciosamente la factura social.
La hospitalidad auténtica también tiene límites. Una casa puede recibir invitados, incluso muchos, pero si los propietarios dejan de poder dormir, comer, descansar o pagar la hipoteca porque toda la casa funciona para los invitados, deja de ser hospitalidad y comienza a ser desequilibrio.
España debe cuidar precisamente aquello que el visitante viene a buscar: sus ciudades vivas, sus barrios, sus comercios, sus plazas y su gente.
Porque el mayor peligro para la industria turística española no es que desaparezcan los turistas.
Es que algún día encuentren ciudades cada vez más atractivas en las fotografías y cada vez menos habitables para quienes viven en ellas.
Acoger exige cuidar primero la casa. Y una España que quiera seguir viviendo de su hospitalidad debe asegurarse de que sus anfitriones todavía puedan permitirse vivir en ella.
