Durante mucho tiempo, hablar del agua en España significaba hablar de sequías periódicas, años secos y campañas agrícolas difíciles. Hoy el problema exige una mirada diferente. No porque España se encuentre permanentemente ante un escenario de «embalses en mínimos históricos» —esa afirmación no describe correctamente la situación actual—, sino porque la disponibilidad de agua es cada vez más irregular y porque la agricultura española depende de ella en una dimensión económica que no admite improvisaciones. A 15 de septiembre de 2026, la reserva hídrica española se situaba en el 61,8 % de la capacidad, con 34.662 hectómetros cúbicos almacenados. Pero las diferencias territoriales eran enormes: el Ebro estaba al 49,8 %, el Segura al 52,8 %, el Júcar al 52,9 %, mientras las cuencas internas de Cataluña alcanzaban el 75,3 % y Guadalete-Barbate el 76,9 %. La fotografía real, por tanto, no es la de una España uniformemente seca, sino la de un país con una distribución territorial del agua extraordinariamente desigual.
Y aquí comienza la verdadera dimensión del problema. El regadío ocupa aproximadamente 3,73 millones de hectáreas, alrededor del 22,3 % de las tierras de cultivo españolas, pero su peso económico es muy superior a su superficie. Un estudio del Ministerio de Agricultura calcula que, en el promedio 2020-2022, el regadío aportó alrededor del 71 % del valor de la producción vegetal, unos 24.343 millones de euros anuales, frente a 9.963 millones correspondientes al secano. No estamos hablando, por tanto, de una cuestión exclusivamente agrícola: hablamos de alimentos, empleo rural, industria agroalimentaria, exportaciones y actividad económica en amplias zonas del territorio.
El agua también tiene rostro humano. Pensemos en un agricultor que ha heredado varias hectáreas de olivar. No puede trasladar su explotación cuando disminuye la disponibilidad hídrica. Tampoco puede cambiar de cultivo de una temporada para otra sin asumir inversiones, riesgos y años de adaptación. Una familia rural puede haber construido toda su economía alrededor de una determinada cosecha y descubrir que el clima ya no respeta las condiciones bajo las cuales aquella actividad resultaba viable. En ese momento, la sequía deja de ser una palabra meteorológica y se convierte en una cuestión de ingresos, hipotecas, empleo, continuidad familiar y futuro del pueblo.
El olivar constituye un ejemplo particularmente claro. España mantiene una posición central en el mercado mundial del aceite de oliva y el Ministerio de Agricultura situó la producción de la campaña 2025/26 en aproximadamente 1,298 millones de toneladas, un 9 % menos que la campaña anterior. Andalucía continúa siendo el principal territorio productor y, en la estimación inicial para 2025/26, concentraba aproximadamente el 79 % de la producción nacional. Al mismo tiempo, el propio Ministerio ha señalado que las condiciones agroclimáticas —incluidas las temperaturas elevadas y otros episodios meteorológicos— han influido en la evolución de las cosechas.
Pero hay otra cifra que merece atención: España está modernizando su agricultura. En 2024, el 58,6 % de la superficie regada utilizaba sistemas de riego localizado, mientras el riego por gravedad había descendido al 19,2 %. La modernización demuestra que el agricultor no es necesariamente el enemigo de la eficiencia hídrica; al contrario, buena parte del sector lleva años invirtiendo precisamente para producir más con menos agua. El problema es que la eficiencia tecnológica tiene límites: ahorrar agua en una hectárea no crea automáticamente agua nueva para una cuenca. Cuando la disponibilidad física disminuye, la eficiencia debe acompañarse de planificación sobre qué producir, dónde producirlo y con qué recursos.
España también está utilizando fuentes no convencionales. Según el Ministerio de Agricultura, aproximadamente el 74 % del suministro de agua para regadío procede de aguas superficiales y el 24 % de aguas subterráneas; las aguas residuales regeneradas y el agua desalinizada representan porcentajes mucho menores. Actualmente se riegan unas 57.142 hectáreas con aguas depuradas y unas 20.550 con agua desalinizada. Esto revela una oportunidad, pero también una realidad incómoda: desalación y reutilización todavía representan una fracción reducida del sistema nacional de regadío.
Doñana nos recuerda que el problema no consiste únicamente en construir nuevas infraestructuras. La gestión de los acuíferos es igualmente decisiva. En la actualización del Marco de Actuaciones para Doñana, el Ministerio de Transición Ecológica informó de 1.214 captaciones irregulares que habían sido objeto de procedimientos relacionados con su sellado desde 2019. El dato no permite convertir a todos los agricultores del entorno en responsables de la sobreexplotación, pero sí demuestra que el control de las extracciones y el cumplimiento de las normas forman parte inseparable de la seguridad hídrica.
El debate, por ello, debería abandonar dos simplificaciones. La primera es pensar que todo puede solucionarse construyendo más embalses, trasvases o desaladoras. La segunda es creer que basta con exigir al agricultor que consuma menos. Ninguna de las dos respuestas, por sí sola, aborda la complejidad del problema. España necesita combinar modernización de regadíos, reutilización de agua, desalación donde sea técnica y económicamente viable, protección de acuíferos, reducción de pérdidas, digitalización del riego, planificación territorial y una evaluación mucho más rigurosa de los cultivos que dependen de recursos hídricos cada vez más inciertos.
La cuestión central tampoco debería formularse exclusivamente como una disputa entre comunidades autónomas. Cuando el agua escasea, cada territorio tiene incentivos para defender sus necesidades. Pero el agua atraviesa cuencas, economías y generaciones. Una política hídrica estable necesita reglas previsibles, información pública, controles efectivos y planificación a décadas vista. El propio MITECO mantiene actualmente un sistema específico de seguimiento de sequía y escasez y, desde junio de 2026, están vigentes nuevos Planes Especiales de Sequía para las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.
La agricultura española no necesita ser presentada como víctima ni como culpable. Necesita ser entendida como parte de la solución y, al mismo tiempo, como un sector que tendrá que adaptarse a una realidad hídrica diferente. El agricultor necesita certezas para invertir; el consumidor necesita alimentos a precios razonables; las ciudades necesitan agua segura; los ecosistemas necesitan caudales suficientes; y las generaciones futuras necesitan que hoy no agotemos las reservas que mañana serán imposibles de recuperar.
España no está ante el final de su agricultura. Está ante una decisión mucho más difícil: determinar qué agricultura puede sostenerse con el agua que realmente existe. La seguridad alimentaria del siglo XXI no dependerá únicamente de producir más, sino de aprender a producir de manera compatible con los límites físicos del territorio. El agua no es solamente un recurso económico. Para un país mediterráneo, es infraestructura, alimento, empleo, paisaje, estabilidad social y, en última instancia, seguridad nacional.
La pregunta ya no debería ser únicamente cuánto agua tiene España, sino cuánta agua fiable tendrá cada cuenca, cada sector productivo y cada generación. Esa diferencia entre disponibilidad actual y disponibilidad sostenible será una de las cuestiones decisivas para el futuro agrícola y territorial del país.
