España se encuentra ante una contradicción que ya no puede aplazarse. El país necesita trabajadores, pero envejece. Necesita crecimiento demográfico, pero registra pocos nacimientos. Necesita inmigración para cubrir parte de sus necesidades laborales, pero también necesita una política capaz de evitar que la presión sobre la vivienda, los servicios públicos y las comunidades receptoras se convierta en una fuente permanente de conflicto.
La cuestión, por tanto, no debería formularse simplemente como inmigración sí o inmigración no. La pregunta más profunda es otra: ¿debe España aceptar que la inmigración sea su principal respuesta al declive demográfico o debería crear, al mismo tiempo, las condiciones para que sus propios ciudadanos puedan formar las familias que desean?
Los datos obligan a tomarse en serio ambas cuestiones.
El 1 de julio de 2026 España alcanzó casi 49,8 millones de habitantes, máximo histórico. Sin embargo, el crecimiento se explicó fundamentalmente por el aumento de la población nacida en el extranjero: más de 10,29 millones de residentes habían nacido fuera de España.
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística muestran hasta qué punto puede profundizarse esta tendencia. Si continúan las tendencias actuales, la población de 65 años o más podría representar el 30,9% de España en 2076. El INE calcula asimismo que, durante el periodo proyectado, las defunciones superarían a los nacimientos y que el crecimiento global de la población dependería del saldo migratorio internacional.
Pero aquí aparece una pregunta que merece mucho más debate público: ¿por qué aceptar esta dependencia como inevitable?
Un niño nacido hoy no resolverá la escasez de trabajadores de mañana. Necesitará aproximadamente dos décadas para incorporarse al mercado laboral. Pero tampoco puede España afrontar indefinidamente cada generación envejecida mediante la incorporación de trabajadores procedentes del exterior.
La solución razonable debería contemplar las dos escalas temporales: una política familiar seria para el largo plazo y una inmigración ordenada para las necesidades presentes y previsibles del mercado laboral.
El problema es que España todavía tiene un enorme margen para mejorar la primera.
Facilitar el acceso a la vivienda familiar, ampliar las ayudas a la crianza, mejorar la conciliación laboral, garantizar servicios de educación infantil asequibles y reducir el coste económico asociado a tener un segundo o tercer hijo no significa imponer un modelo familiar. Significa preguntarse si una sociedad que necesita más nacimientos está haciendo suficientemente posible que sus ciudadanos tengan los hijos que desean.
Al mismo tiempo, sería poco realista ignorar la contribución actual de la inmigración. La OCDE estima que los trabajadores nacidos en el extranjero representaron aproximadamente el 45% del crecimiento del empleo español entre 2022 y 2024 y contribuyeron significativamente al crecimiento económico.
Por tanto, el debate debe escapar de dos simplificaciones: ni los inmigrantes son responsables de todos los problemas sociales, ni la inmigración puede considerarse una solución demográfica sin costes ni límites.
Ceuta lo ha demostrado de manera dramática.
Las entradas irregulares de los días 30 y 31 de julio de 2026 produjeron una presión sin precedentes sobre los servicios públicos, el control fronterizo y el sistema de protección de menores. El propio Gobierno reconoció posteriormente que aproximadamente 1.500 menores migrantes no acompañados estaban siendo atendidos por el sistema de protección de Ceuta, muy por encima de su capacidad ordinaria.
Ceuta no representa toda la inmigración española. Pero sí plantea una cuestión fundamental:
ninguna política migratoria puede ser sostenible si la capacidad institucional de las comunidades receptoras no crece al mismo ritmo que las necesidades.La integración tampoco puede reducirse a encontrar un empleo. España necesita aprovechar mejor las capacidades de sus inmigrantes, reducir la sobrecualificación y evitar que trabajadores formados terminen concentrados durante años en empleos de baja productividad. La propia OCDE identifica estas deficiencias como uno de los desafíos pendientes.
España, en definitiva, necesita una estrategia demográfica, no solamente una política migratoria.
Esa estrategia debería combinar
más apoyo a la natalidad, mayor productividad, mejor incorporación laboral de los mayores, participación económica de las mujeres, vivienda suficiente, integración efectiva y una inmigración legal y ordenada vinculada a las necesidades reales del país.España no tiene que escoger entre sus familias y los inmigrantes. Tiene que decidir si quiere construir un modelo demográfico capaz de sostenerse en el tiempo. La inmigración puede ayudar a España a afrontar una necesidad inmediata de trabajadores. Pero no debería convertirse en el sustituto permanente de una política familiar que España necesita desarrollar. La verdadera cuestión no es cuántos inmigrantes puede recibir España. Es qué modelo de sociedad quiere construir para sus próximas generaciones.