Una democracia no se mide únicamente por la calidad de sus leyes ni por el volumen de su presupuesto. También se mide por algo mucho más sencillo: la capacidad de sus instituciones para responder cuando el ciudadano las necesita.
Una administración puede aprobar una estrategia excelente sobre vivienda, inmigración, sanidad, seguridad o infraestructuras. Pero si la respuesta llega después de que el problema se haya convertido en una crisis, la distancia entre la decisión política y la realidad ciudadana empieza a hacerse visible.
Éste es uno de los grandes desafíos institucionales de España:
no necesariamente la ausencia de Estado, sino la capacidad del Estado para anticipar, coordinar y ejecutar.Los datos de confianza ofrecen una señal interesante. Según la encuesta de la OCDE correspondiente a 2025, el 45% de los españoles declara una confianza alta o moderadamente alta en la administración pública, mientras que la confianza alcanza el 62% en la policía y el 50% en los tribunales. La confianza en los partidos políticos, en cambio, se sitúa en el 21%. Al mismo tiempo, la satisfacción con los servicios administrativos aumentó del 57% en 2023 al 62% en 2025.
No estamos, por tanto, ante una ciudadanía que haya perdido completamente la confianza en sus instituciones. Existe una realidad más compleja: los ciudadanos distinguen entre instituciones y valoran de manera diferente su experiencia con cada una de ellas. La pregunta fundamental es qué ocurre cuando una administración no consigue convertir una decisión en un resultado.
España posee, además, importantes capacidades que conviene reconocer. En el Índice de Gobierno Digital 2025 de la OCDE obtuvo 0,75 puntos frente a una media de 0,70 de la OCDE, con resultados particularmente elevados en administración basada en datos y proactividad.
Esto demuestra que el problema no puede reducirse a afirmar que la Administración española es ineficiente. España ha avanzado considerablemente en digitalización y modernización. El desafío consiste en conseguir que esa capacidad tecnológica se traduzca de forma sistemática en servicios más rápidos, coordinados, accesibles y previsibles.
Y aquí aparece una cuestión esencial: la fragmentación institucional.
España dispone de Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos, además de numerosos organismos especializados. Esta estructura permite distribuir competencias y acercar determinadas decisiones al territorio. Pero también puede generar una situación conocida por cualquier ciudadano que haya intentado resolver un problema complejo: una administración remite a otra, una competencia se encuentra dividida y la responsabilidad final se vuelve difícil de identificar. Cuando una política funciona, las instituciones pueden compartir el mérito. Cuando falla, el ciudadano no debería convertirse en un experto en distribución competencial para averiguar quién debe solucionar su problema.
La coordinación institucional no es una cuestión administrativa menor: es una condición de eficacia del Estado.Existe además una segunda dimensión: la capacidad financiera.
En julio de 2026, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevó al 6,4% su previsión de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos para 2026, frente al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. AIReF advirtió de que esta evolución complicaba el cumplimiento de los compromisos fiscales.
En septiembre, el organismo volvió a señalar deficiencias en la perspectiva de medio plazo del marco fiscal, mientras que el Ministerio de Hacienda mantiene que las recomendaciones relativas a la coordinación y la regla de gasto han sido atendidas y considera que el Plan constituye esa estrategia de medio plazo.
La cuestión no es elegir entre una institución u otra. Es comprender que la capacidad institucional también depende de saber qué puede financiarse, durante cuánto tiempo y con qué resultados.
Un Estado que promete constantemente más de lo que puede ejecutar termina generando expectativas que posteriormente se transforman en frustración.
Por eso, la próxima etapa de modernización administrativa debería ir más allá de digitalizar formularios. España necesita avanzar hacia una Administración capaz de anticipar necesidades.
Los datos y la inteligencia artificial pueden ayudar a detectar saturaciones sanitarias, prever necesidades de vivienda, identificar infraestructuras deterioradas, combatir determinados tipos de fraude, mejorar la gestión de emergencias y asignar recursos públicos con mayor precisión. La propia OCDE señala que las tecnologías digitales y el uso estratégico de los datos ofrecen oportunidades para avanzar hacia servicios públicos más proactivos.
Pero la tecnología no sustituye a las instituciones. Las hace potencialmente más capaces.
La verdadera reforma consiste, por tanto, en pasar de una Administración predominantemente reactiva a una Administración preventiva: identificar el problema antes del colapso, coordinar antes de la emergencia y actuar antes de que el coste social y económico sea mayor.
España no necesita simplemente más leyes, más organismos o más gasto público. Necesita capacidad institucional: planificación, coordinación, profesionales preparados, evaluación, responsabilidad y utilización inteligente de los recursos. El ciudadano no debería tener que preguntarse qué administración es competente, qué formulario necesita o cuánto tiempo tendrá que esperar para recibir una respuesta.
Un Estado que llega después de la crisis puede apagar el incendio. Un Estado con verdadera capacidad institucional intenta evitar que el incendio comience.Ésa debería ser una de las grandes prioridades de la España de la próxima década: construir instituciones que no solamente reaccionen ante los problemas, sino que sean capaces de verlos venir.