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VoS NEWS DESK | AGRICULTURA Y ECONOMÍA | 24 DE OCTUBRE DE 2026
La nueva campaña comienza con expectativas más favorables en términos de volumen después de las dificultades que han afectado al olivar en temporadas anteriores. Las condiciones meteorológicas de la primavera, las precipitaciones y las temperaturas moderadas han favorecido la floración y el desarrollo del fruto en distintas zonas productoras. Andalucía, una de las principales regiones olivareras del país, vuelve a ocupar una posición central en las previsiones para la próxima cosecha.
Según las estimaciones iniciales del Ministerio de Agricultura, la producción nacional podría alcanzar alrededor de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva. La cifra representa una recuperación importante respecto a la campaña anterior, aunque sigue siendo una previsión que podría cambiar a medida que avance la recolección y se conozcan los resultados definitivos.
A pesar de estas perspectivas positivas, el aumento de la producción no se está traduciendo automáticamente en mejores ingresos para los agricultores. Las organizaciones agrarias advierten de que los precios en origen han descendido de forma considerable y que, en determinadas explotaciones, los ingresos obtenidos por la venta del aceite pueden situarse por debajo de los costes necesarios para producirlo.
El diario EL PAÍS informó el 20 de octubre de que las principales organizaciones agrarias españolas —ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias— habían solicitado al Ministerio de Agricultura que active un mecanismo de regulación del mercado. La propuesta contempla retirar temporalmente del mercado hasta el 20 % de la producción para intentar equilibrar la oferta y la demanda y frenar la caída de los precios.
Las cifras del mercado reflejan la preocupación del sector. Según los datos recogidos en esa información, el aceite de oliva virgen extra cotizaba en origen en torno a los 3,30 euros por kilogramo durante la segunda semana de la campaña, aproximadamente un 22 % menos que un año antes y un 45 % por debajo de la media de las cuatro campañas anteriores. Estas variaciones presionan especialmente a los productores que trabajan con costes elevados y cuentan con menos margen para soportar periodos prolongados de precios bajos.
Los agricultores consideran que una cosecha abundante podría aumentar la disponibilidad de aceite y ejercer una presión adicional sobre las cotizaciones si la oferta crece más rápido que la demanda. Por ello, las organizaciones del sector piden medidas que ayuden a evitar una caída excesiva de los precios sin comprometer el abastecimiento de los consumidores.
Uno de los mecanismos que se encuentra en el centro del debate permitiría retirar temporalmente parte del aceite del mercado cuando se cumplan determinadas condiciones de disponibilidad. Su objetivo sería reducir la presión de la oferta durante los periodos de mayor producción. No obstante, su aplicación depende de los requisitos establecidos y de la evaluación de las existencias y previsiones de campaña.
El debate también plantea cuestiones sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria. Los productores quieren garantizar que el precio que reciben por sus aceitunas y su aceite cubra los gastos de cultivo, recolección, transporte y elaboración. Al mismo tiempo, los consumidores observan la evolución de los precios en las tiendas, que no siempre siguen de manera inmediata ni proporcional los cambios registrados en origen.
La diferencia entre los precios pagados al agricultor y los precios finales puede generar frustración en el sector, especialmente cuando los productores denuncian dificultades para mantener la rentabilidad de sus explotaciones. Las organizaciones agrarias reclaman una mayor vigilancia del mercado y medidas que contribuyan a una distribución más equilibrada del valor entre los distintos participantes de la cadena.
Andalucía será especialmente importante para la evolución de la campaña, debido al peso de sus provincias productoras. La recuperación prevista podría beneficiar a cooperativas, almazaras, empresas de transporte y otros negocios vinculados a la actividad olivarera. Una cosecha más abundante también puede impulsar la actividad económica de numerosas localidades rurales durante los meses de recolección.
Sin embargo, el resultado económico final dependerá de varios factores: el volumen real obtenido, la calidad del aceite, los costes de producción, la evolución de las exportaciones y la capacidad del mercado para absorber la oferta. Una producción mayor puede reforzar el suministro nacional e internacional, pero no garantiza por sí sola una mejora de los ingresos de los agricultores.
Las próximas semanas serán importantes para determinar si los precios continúan bajando y si el Ministerio de Agricultura decide aplicar las medidas solicitadas por las organizaciones agrarias. La evolución de las existencias y los datos definitivos de producción ayudarán a establecer si resulta necesario intervenir para evitar un desequilibrio excesivo entre la oferta y la demanda.
Para España, uno de los principales productores mundiales de aceite de oliva, el desafío consiste en aprovechar la recuperación agrícola sin debilitar la rentabilidad del olivar. El sector necesita una campaña que no solo produzca más aceite, sino que también permita a los agricultores mantener sus explotaciones y sostener la actividad económica de las zonas rurales.
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La previsión de un aumento del 23 % en la producción constituye una señal positiva para el suministro y la recuperación del sector oleícola español. Sin embargo, el volumen de la cosecha no debe ser el único indicador del éxito de una campaña. La rentabilidad de los agricultores, la estabilidad de los precios y la sostenibilidad de las explotaciones también son elementos fundamentales.
Si la producción aumenta mientras los precios en origen continúan descendiendo, algunos agricultores podrían afrontar mayores dificultades económicas incluso después de una buena cosecha. Por ello, el seguimiento de las existencias, la transparencia de la cadena alimentaria y una gestión equilibrada de la oferta serán determinantes para evitar que una recuperación productiva se convierta en una nueva fuente de presión financiera.
La decisión sobre posibles medidas de regulación deberá basarse en datos actualizados y en una evaluación cuidadosa de sus efectos sobre productores, empresas y consumidores. El objetivo a largo plazo debe ser mantener la competitividad internacional del aceite de oliva español y garantizar que quienes lo cultivan puedan seguir produciéndolo de forma económicamente viable.
Fuente: EL PAÍS
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