En un revés histórico para el presidente Donald Trump, ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron una resolución sobre poderes de guerra que ordena al presidente detener las operaciones militares contra Irán. El Senado votó 50-48 a favor de la medida el martes, tras la aprobación previa de la Cámara de Representantes con 215-208 votos, lo que marca la primera vez en la historia de Estados Unidos que ambos cuerpos legislativos aprueban con éxito una resolución concurrente bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para poner fin a un conflicto militar en curso. Esta acción sin precedentes refleja la creciente preocupación bipartidista por la impopular guerra de cuatro meses que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares coordinados contra Irán. La aprobación de la resolución demuestra importantes divisiones dentro del Partido Republicano de Trump, con cuatro senadores republicanos —Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky, Bill Cassidy de Luisiana y Lisa Murkowski de Alaska— uniéndose a todos los demócratas excepto uno para apoyar la medida. La naturaleza simbólica, aunque legalmente ambigua, de la resolución ha desatado un debate constitucional, ya que los expertos legales siguen divididos sobre si este tipo de resoluciones concurrentes tienen fuerza vinculante sin la firma o el veto presidencial.
La votación se produce en medio de una disminución del apoyo público al conflicto con Irán. Una encuesta de Reuters/Ipsos revela que solo uno de cada cuatro estadounidenses cree que la guerra valió la pena, y la mayoría expresa escepticismo sobre la durabilidad de cualquier acuerdo de alto el fuego con Teherán. La Casa Blanca ha desestimado la resolución por considerarla irrelevante, argumentando que la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y que las hostilidades militares terminaron efectivamente con el alto el fuego implementado el 7 de abril. Sin embargo, los demócratas del Congreso y algunos republicanos sostienen que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para declarar la guerra y desplegar fuerzas armadas en operaciones militares prolongadas. La aprobación de la resolución indica la determinación del Congreso de reafirmar sus poderes constitucionales en materia de guerra y presiona a la administración Trump para que priorice las negociaciones diplomáticas sobre la escalada militar. Mientras la administración busca un período de negociación de 60 días con Irán para finalizar un acuerdo de paz integral, la acción del Congreso subraya las limitaciones políticas que rodean cualquier decisión de reanudar las hostilidades. Expertos legales predicen que la constitucionalidad de la Ley de Poderes de Guerra y la aplicabilidad de las resoluciones del Congreso sobre dichos poderes serán determinadas en última instancia por los tribunales, lo que podría sentar un precedente para futuros conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de autoridad militar.
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